Colombia
Por desgracia, ni irse del país ni morirse hará que las obligaciones financieras desaparezcan mágicamente.
Publicado:
Por: Erika Mesa Díaz
Creativa Digital
El incumplimiento de obligaciones financieras con entidades bancarias en Colombia puede desencadenar una serie de consecuencias graves que afectan la estabilidad económica, legal y emocional del deudor.
Desde el incremento descontrolado de la deuda hasta acciones legales que comprometen el patrimonio, entender lo que implica no pagar es fundamental para tomar decisiones informadas. A continuación se detallan seis aspectos clave que todo colombiano debe conocer sobre el impago de deudas.
Cuando un deudor incumple con sus pagos, el banco aplica intereses de mora que superan significativamente los intereses ordinarios. Estos cargos adicionales se acumulan sobre el saldo original y los montos pendientes, lo cual genera un crecimiento exponencial de la deuda en poco tiempo.
Expertos financieros advierten que la falta de pago puede convertir una deuda manejable en una carga insostenible. Cada mes de incumplimiento agrega nuevos intereses sobre el capital adeudado, lo cual crea un efecto dominó que dificulta la recuperación financiera.
Las entidades financieras reportan a los deudores morosos en centrales de riesgo, como Datacrédito o Cifin. Este registro negativo reduce el puntaje crediticio y limita el acceso a nuevos productos financieros, entre los que se incluyen créditos, tarjetas o incluso contratos de arriendo.
Un historial crediticio deteriorado puede persistir por años y tiene el potenciar de dañar oportunidades laborales y personales. Las puertas se cierran no solo en el sistema bancario, sino también en otros ámbitos donde se exige solvencia económica.
Si la deuda no se regulariza, el banco puede iniciar procesos judiciales para recuperar el dinero. Esto incluye el embargo de bienes muebles e inmuebles, retención de salarios (hasta un 50% si supera el mínimo legal) o bloqueo de cuentas bancarias.
Aunque ciertos ingresos como pensiones o salarios mínimos tienen protección legal, el Código de Procedimiento Civil permite a los acreedores quedarse con otros activos. En casos extremos, el deudor podría perder propiedades de alto valor.
La presión constante de llamadas de cobranza y la incertidumbre financiera generan ansiedad, estrés y conflictos familiares. Este impacto psicológico puede afectar la productividad laboral y las relaciones personales del deudor.
El bienestar emocional se deteriora cuando las deudas se convierten en una sombra permanente. Se crea un ciclo negativo que dificulta la búsqueda de soluciones.
En caso de fallecimiento del deudor, los herederos asumen tanto los activos como las obligaciones financieras pendientes. Esto significa que familiares podrían verse obligados a liquidar deudas con los bienes recibidos en herencia.
La ley colombiana establece que los acreedores tienen prioridad sobre los bienes del fallecido antes de su distribución entre los herederos. Solo si los herederos renuncian a la herencia, evitan esta responsabilidad.
Abandonar Colombia para evadir deudas no elimina la obligación financiera. Aunque el cobro se dificulta si la persona no dejó bienes en el país, el deudor seguirá reportado en centrales de riesgo. Si regresa, enfrentará embargos y restricciones legales.
Además, los acreedores pueden vender la deuda a agencias especializadas que persiguen el cobro internacionalmente, especialmente si el deudor adquiere bienes en el futuro.
Ante dificultades para pagar, la mejor opción es comunicarse con el banco para negociar refinanciamientos, reestructuraciones o acuerdos de pago. Alternativas como la Ley de Insolvencia para personas naturales no comerciantes o centros de conciliación autorizados ofrecen salidas legales. Ignorar el problema solo agrava las consecuencias financieras, legales y emocionales. La asesoría profesional temprana es clave para proteger el patrimonio y la tranquilidad.
