Colombia
Juan Carlos Suárez Ortiz fue capturado y enfrentó la imputación de homicidio doloso agravado tras la muerte del estudiante de Ingeniería en un hecho que ha generado fuerte reacción pública.
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Por: Juan Manuel Arias Montenegro
Creativo Digital
Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, perdió la vida tras sufrir una violenta agresión en las afueras de un establecimiento nocturno ubicado en el norte de Bogotá en la madrugada del 31 de octubre de 2025.
El caso ha despertado una profunda conmoción entre la comunidad universitaria y los ciudadanos, quienes están atentos al desarrollo del proceso judicial, que cuenta con la representación legal de Camilo Rincón, abogado de la familia de la víctima.
Por tal motivo, Rincón fue invitado a Temprano es Más Bacano para compartir los principales avances y detalles de la investigación.
El sábado 1 de noviembre de 2025, posterior al crimen, se legalizó la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, uno de los señalados por la agresión mortal a Jaime Moreno.
Según explicó Rincón, en la audiencia de imputación la Fiscalía comunicó formalmente a Suárez Ortiz su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso con circunstancias de agravación.
Suárez Ortiz se declaró inocente de los cargos, por lo que sobre las consecuencias legales, el juez de control de garantías advirtió, según relató Rincón, que en caso de no aceptar su responsabilidad, la pena podría oscilar entre 40 y 50 años de prisión por la gravedad de los hechos y la tipificación del delito.
Respecto a los motivos de la agresión, el abogado explicó que el móvil concreto aún se desconoce, por lo que, de acuerdo con el único testigo directo, amigo de la víctima, Jaime Moreno manifestó su interés de abandonar el local tras notar que algunas personas lo increparon dentro del bar.
Ambos salieron del sitio, dirigiéndose a una zona conocida como Dog Zone, donde fueron interceptados por un grupo de cuatro personas; allí, Suárez Ortiz propinó un golpe a Jaime Moreno en la parte trasera del cuello sin previo aviso.
La agresión se intensificó cuando, en un segundo momento captado por videos, otro sujeto vestido de negro, actualmente prófugo y de apellido González, atacó a la víctima con un golpe que la dejó inconsciente en el suelo.
Según expuso Rincón, ambos agresores se aprovecharon del estado de indefensión de Jaime Moreno, continuando el ataque y ocasionando su muerte.
El caso no solo involucra a Suárez Ortiz y González, pues durante la agresión dos mujeres acompañaban al grupo atacante.
Una de ellas, identificada por su vestimenta azul en la noche de los hechos, fue capturada en flagrancia junto a Suárez Ortiz.
El abogado afirmó que la Fiscalía está reunido pruebas para definir el grado de responsabilidad de ambas mujeres, especialmente porque, según el testimonio del acompañante de Moreno, una de ellas señalaba activamente a la víctima en el momento de la agresión.
Aunque actualmente solo uno de los acusados permanece bajo custodia, mientras González sigue prófugo, el proceso judicial busca esclarecer la implicación de todos los involucrados.
Consultado sobre la comparación del caso con el de Luis Andrés Colmenares, Rincón explicó las diferencias sustanciales: la actuación inmediata de la Policía Nacional, quienes intervinieron y realizaron capturas en flagrancia; la existencia de videos concluyentes de los hechos, y la presencia de un testigo directo y presencial.
Estas circunstancias, de acuerdo con el abogado, dotan al proceso de mayores elementos probatorios y garantías procesales tanto para la defensa como para la familia de la víctima.
Durante la audiencia, el juez de control de garantías llamó la atención a la delegada de la Fiscalía por la falta de claridad y método en la argumentación sobre las circunstancias del delito.
Rincón indicó que, en calidad de representante de la familia, solicitó a la fiscal encargada precisar su exposición, en resguardo de las garantías procesales y para evitar dilaciones o vacíos en la investigación.
El caso sigue en desarrollo y la expectativa por justicia permanece entre los familiares y la ciudadanía, en medio del debate público sobre la seguridad y la respuesta judicial frente a este tipo de crímenes.
