Colombia
Mientras algunos artistas emergentes agradecen la visibilidad que otorga la música ilegal, otros denuncian pérdidas económicas y menos oportunidades en el competitivo ambiente artístico.
Publicado:
Por: Juan Manuel Arias Montenegro
Creativo Digital
La piratería musical constituye uno de los desafíos más serios y persistentes para la industria cultural en todo el mundo, pues el acceso y la distribución no autorizada de canciones y álbumes afecta de manera directa a los creadores, intérpretes, productores y empresas dedicadas a la música, con consecuencias económicas, legales y creativas que transformaron el funcionamiento del sector durante las últimas décadas.
Ante este escenario, la abogada Yuliana Salamanca, con casi 20 años de experiencia en propiedad intelectual y socia de Baker McKenzie, **ha enfocado parte de su carrera al análisis y lucha contra la piratería en diferentes frentes.
En diálogo con Olímpica Stereo, detalló cómo este fenómeno nació y evolucionó, y de qué manera la industria debió adaptarse para sobrevivir.
Según Salamanca, la piratería tiene un origen vinculado al deseo de acceder a bienes protegidos por derechos de autor a los que mucha gente no podía llegar por razones económicas o de disponibilidad.
En América Latina, durante años, la venta de discos “piratas” en las calles y la circulación de archivos a través de internet fueron la vía principal para alcanzar música que resultaba inaccesible por otros medios.
La masificación del acceso digital durante los años 2000, a través de plataformas como Napster o software de intercambio P2P como Ares, popularizó aún más la obtención gratuita de música, desplazando la compra de álbumes originales.
Como consecuencia, los consumidores encontraron canales rápidos y sencillos para adquirir música sin pagar al dueño de los derechos, profundizando el mercado informal.
“La piratería debilitó la cadena de valor de los artistas y de la música comercializada legalmente. Muchas personas preferían comprar un CD ilegal, más barato que el original, o directamente descargarlo de la web”, explicó Salamanca.
En ese sentido, la abogada detalló que esta informalidad, aunque aumentó la visibilidad de algunos artistas, se tradujo en pérdidas económicas para creadores y trabajadores del sector, afectando la producción, la inversión y el empleo.
En la conversación, Salamanca reconoció la contradicción histórica que afecta a la música popular: la piratería permitió que artistas, en especial los más grandes, fueran conocidos por públicos que de otro modo no hubieran accedido a sus discos.
“La música es cultura, pero también es trabajo, muchas veces olvidamos que la descarga ilegal vulnera derechos de autores, compositores, intérpretes y productores”, agregó.
El riesgo es mayor para los músicos emergentes, pues mientras las grandes figuras pueden beneficiarse de la amplia difusión, quienes aún no logran llenar estadios ven afectados sus ingresos y posibilidades de crecer profesionalmente.
Salamanca señaló la necesidad de encontrar “puntos medios justos” en la relación entre artistas, plataformas y público, y destaca el avance que representaron las plataformas de streaming legal.
El desarrollo de plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube transformó las reglas del juego, dado que hoy, el acceso a la música es más sencillo y asequible para la mayoría, y los artistas pueden publicar nuevas canciones con mayor frecuencia, obteniendo ingresos a través de las reproducciones.
Salamanca indicó que estos servicios legales, aunque lejos de solucionar todos los problemas de la industria, disminuyeron notablemente la piratería tradicional.
Sin embargo, existe una discusión abierta sobre el reparto de beneficios: “El ingreso que reciben los artistas todavía no es igualitario, el sistema privilegia al empresario detrás de la plataforma y, en cierta medida, al consumidor, mientras el creador ve una porción más pequeña de la ganancia”, aseguró.
La propiedad intelectual sigue constituyendo el mecanismo jurídico que permite a los artistas reclamar pagos justos, aunque la falta de equidad en la distribución de ingresos continúa siendo un reto estructural.
En Colombia, la violación a los derechos de autor constituye un delito penal, razón por la que las sanciones pueden incluir penas privativas de la libertad y multas, aunque en la práctica lo más usual es llegar a acuerdos económicos entre las partes.
Salamanca comenta que a menudo es el cambio tecnológico el que vuelve obsoletas las prácticas de piratería tradicional, más que el temor al castigo judicial.
Las tareas de fiscalización y control se enfocan principalmente en grandes infractores como fábricas e importadores. Por ejemplo, las incautaciones en fronteras, facilitadas por entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), son mecanismos efectivos para frenar el ingreso de productos ilegales.
Según Salamanca, estas medidas funcionan muy bien en sectores como la moda, la tecnología y el calzado, y tuvieron efecto en el descenso del mercado pirata musical tradicional.
Desde la perspectiva penal, la ley distingue entre uso personal (no penalizado) y uso comercial (sancionado), por lo que la persecución legal se dirige, sobre todo, a quienes obtienen lucro sistemático con la comercialización de mercancía pirata.
Para Salamanca, el esfuerzo de combatir la piratería responde a una necesidad empresarial y cultural, pues la proliferación de productos falsificados en el mercado socava la exclusividad de las marcas e impacta la percepción y el valor del producto original para los consumidores.
Es menester acotar que la protección de los derechos de autor fortalece el negocio legítimo y preserva la posibilidad de una compensación justa para los creadores.
Entre las soluciones, Salamanca destacó el desarrollo de plataformas legales de streaming como una respuesta efectiva, pero insuficiente, dado que el verdadero reto, afirmó, será encontrar modelos de repartición de ingresos más equitativos para los artistas que dependen de la remuneración por su música, especialmente aquellos que no han alcanzado una dimensión global.
Proteger los derechos de autor y fortalecer los mecanismos de control sigue siendo fundamental para garantizar la sostenibilidad de la industria musical, el trabajo de los creadores y la calidad de la producción cultural.
El desafío, en un escenario siempre cambiante, radica en alcanzar un equilibrio que favorezca tanto a los artistas como a los consumidores, en el marco de una economía digital que exige fórmulas renovadas de protección y reparto.