Salario mínimo 2026 en Colombia: Consejo de Estado suspende el decreto de aumento

El Consejo de Estado suspendió de manera provisional los efectos del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para el año 2026. Esta decisión judicial surge tras la admisión de una demanda que cuestiona la legalidad del documento firmado por el presidente Gustavo Petro a finales de 2025. El alto tribunal otorgó un plazo de ocho días calendario al Ejecutivo para que expida una nueva norma que cumpla estrictamente con los requisitos legales.

La medida cautelar no representa una decisión final sobre el fondo del asunto, pero el tribunal considera necesario revisar si el acto administrativo cumplió con los criterios constitucionales vigentes. Entre los puntos bajo estudio se encuentran la debida motivación del decreto y la evaluación técnica de variables esenciales como la productividad, la inflación y el crecimiento económico, factores que deben sustentar cualquier ajuste salarial en el país.

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Detalles del incremento del salario mínimo para 2026

El decreto suspendido establecía un incremento cercano al 23 %, fijando el salario mínimo en $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095, lo que sumaba un ingreso mensual superior a los dos millones de pesos. Este ajuste fue determinado de manera unilateral por el Gobierno Nacional mediante decreto, luego de que no se lograra un acuerdo unánime en la mesa de concertación donde participan los gremios económicos y las centrales obreras.

La administración defendió en su momento que este porcentaje buscaba proteger el poder adquisitivo frente a la inflación y dinamizar el consumo interno. No obstante, la demanda admitida por el Consejo de Estado señala posibles irregularidades en la metodología utilizada para calcular dicho incremento y en la justificación técnica que soporta las cifras presentadas en el documento oficial del Ejecutivo.

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Próximos pasos legales para el ajuste salarial

A partir de la notificación de esta suspensión, el Gobierno Nacional cuenta con un periodo de ocho días para emitir un nuevo decreto o reforzar la sustentación técnica del aumento ya propuesto. Durante este lapso, la norma anterior queda sin efectos provisionalmente, lo que implica que el ajuste salarial entra en una fase de revisión jurídica obligatoria para determinar si se ajusta a los mandatos de la ley colombiana.

Esta situación afecta directamente la base de liquidación de los pagos laborales en todo el territorio nacional mientras se define el nuevo documento legal. El fallo definitivo del Consejo de Estado determinará si el procedimiento seguido a finales de 2025 cumplió con todos los pasos de ley o si el incremento debe ser recalculado bajo los parámetros técnicos exigidos por el alto tribunal administrativo.

La decisión judicial marca una nueva etapa en la fijación de la remuneración básica en Colombia, centrando la atención en la obligatoriedad de justificar técnicamente cada porcentaje de aumento. Se espera que en el plazo fijado por la corporación se conozca el nuevo texto legal que regirá para los trabajadores y el sector empresarial durante el resto del año 2026.