Crece el saldo de víctimas por el sismo en Colombia mientras rige la Emergencia Económica

A once días del terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) emitió un nuevo balance oficial con corte a las 6:30 a. m. del 21 de agosto de 2026.

La actualización revela un panorama crítico que abarca 15 departamentos y 476 municipios golpeados por el evento telúrico.

En el consolidado poblacional, la entidad confirmó el fallecimiento de 321 personas, mientras que la cifra de heridos se elevó a 4.595; asimismo, se reportan 257 personas desaparecidas y 364 rescatadas con vida.

La catástrofe deja un saldo de 146.188 familias damnificadas, lo que representa un universo de 284.185 personas directamente impactadas.

Evaluación del daño en viviendas e infraestructura pública

El impacto sobre la infraestructura física nacional continúa en aumento tras las inspecciones en terreno. El reporte oficial contabiliza 163.884 viviendas averiadas, 31.445 destruidas en su totalidad y 467 edificios colapsados.

En cuanto a la red comunitaria y de servicios asistenciales, la Ungrd registra afectaciones en 3.579 centros educativos, 351 centros de salud y 4.611 espacios comunitarios. La movilidad y los servicios básicos experimentan graves alteraciones: se contabilizan 435 vías afectadas, 111 acueductos averiados, 69 puentes vehiculares, 14 puentes peatonales y cinco terminales aéreas comprometidas. Respecto a la fauna, los equipos de socorro han rescatado a 1.254 animales, mientras que 1.236 resultaron afectados.

Estado de excepción para la reconstrucción

Ante la magnitud de los daños, el presidente Abelardo De La Espriella, junto a su gabinete ministerial, oficializó la expedición del Decreto 1261 de 2026, mediante el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por un periodo de 30 días calendario.

El Ejecutivo justificó la medida argumentando que la dispersión territorial y la complejidad de la crisis sobrepasan la capacidad de los mecanismos ordinarios del Estado.

Amparado en el artículo 215 de la Constitución Política, el Gobierno queda facultado para expedir decretos con fuerza de ley enfocados de manera estricta en la atención de la calamidad pública. El ámbito territorial del decreto abarca los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre, con posibilidad de extenderse a otros municipios donde se demuestren afectaciones concretas.

Líneas de acción e inversión de recursos extraordinarios

El marco legal de excepción permitirá ejecutar movimientos presupuestales, crediticios y tributarios de carácter extraordinario, así como reorientar fondos no comprometidos para destinarlos a la reconstrucción. Entre los ejes prioritarios del plan gubernamental se destacan:

• Vivienda y hábitat: flexibilización de subsidios de vivienda, programas de reasentamiento transitorio y control de precios en el mercado de arrendamientos y materiales de construcción.
• Salud y educación: fortalecimiento de la red hospitalaria regional, contratación de acompañamiento pedagógico itinerante y adquisición de mobiliario escolar y garantías para el programa de alimentación.
• Infraestructura y transporte: intervención directa de vías e infraestructura territorial por parte de la Nación en municipios sin capacidad operativa.
• Financiación y crédito: otorgamiento de periodos de gracia y líneas de crédito preferenciales mediante entidades del Grupo Bicentenario, además del uso de recursos del Sistema General de Regalías, el Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y el esquema de Obras por Impuestos.