Democracia Blindada: Guía para denunciar delitos e irregularidades electorales

En el ajedrez de la política colombiana, el ciudadano no es un simple peón; es el árbitro final; sin embargo, en plena recta final hacia las urnas este 2026, las sombras de las irregularidades suelen aparecer para intentar inclinar la balanza.

Los delitos electorales no son solo "malas prácticas"; son conductas que buscan favorecer candidatos o sabotear el desarrollo normal de la votación, y conocer cómo combatirlos es la mejor arma para proteger nuestro sistema democrático.

Si usted siente que algo "huele mal" en su puesto de votación o es testigo de un ofrecimiento indebido, aquí le explicamos la hoja de ruta para que su denuncia no se quede en el aire.

¿A quién acudir?

No todas las quejas van al mismo lugar. Dependiendo de la naturaleza del hecho, diferentes entidades tienen el poder de actuar. Para que no pierda tiempo, identifique la competencia de cada autoridad:

• Fiscalía General: Delitos que implican cárcel o multas.
• Procuraduría:Faltas de funcionarios públicos.
• Contraloría: Mal uso de dinero público en campañas.
• CNE: Violación de normas de publicidad, topes y partidos.
• Registraduría: Trámites, suplantaciones y fallos en el conteo.

URIEL: Su aliado digital inmediato

Para facilitar la vida del ciudadano, el Estado colombiano creó la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel). Es, por decirlo de alguna manera, la central de emergencias de la democracia.

• Denuncia Virtual: A través de su portal web, usted puede llenar un formulario detallando tiempo, modo y lugar de los hechos. Lo mejor: puede hacerse de forma anónima.
• Seguimiento: El sistema le asignará un número único para que usted verifique en qué va su caso.
• Línea Telefónica: Si no tiene internet a la mano, marque a la línea gratuita nacional 01 8000 91 2005. También puede recibir asesoría presencial en la Defensoría del Pueblo o la Personería Municipal.

Los delitos más comunes: Identifíquelos y denuncie

El Código Penal colombiano, modificado por la Ley 1864 de 2017, es severo. Estos son los "pecados capitales" que más afectan las elecciones:

• Corrupción al sufragante (Art. 390): El famoso "voto comprado". Quien prometa dinero, dádivas o beneficios a cambio de un voto se enfrenta a 4 a 8 años de prisión. Ojo: el ciudadano que acepta el dinero también incurre en el delito.
• Constreñimiento al sufragante (Art. 387): Cuando alguien usa amenazas o presión para obligarlo a votar por alguien o para que vote en blanco. La pena aumenta si quien presiona es un servidor público o si condiciona programas sociales.
• Tráfico de votos (Art. 390 A): Quien ofrezca "bloques" de votos de ciudadanos a cambio de dinero.
• Fraude en inscripción de cédulas (Art. 389): Conocido popularmente como trashumancia electoral o "trasteo de votos". Inscribir la cédula en un lugar donde no se reside para dar ventaja a un candidato es un delito grave.
• Perturbación del certamen (Art. 386): Cualquier maniobra engañosa o violenta que impida el desarrollo de la votación o el escrutinio.

Si un servidor público comete cualquiera de estos actos, la pena suele aumentarse de una tercera parte a la mitad. La ley es más exigente con quienes deben dar el ejemplo.

El dinero público: La lupa de la Contraloría

Un punto crítico es el manejo de los recursos. Se considera una irregularidad fiscal cuando se destina dinero del Estado para patrocinar una campaña. Asimismo, omitir información sobre los aportantes o violar los topes de gastos establecidos por el CNE genera sanciones penales y administrativas que pueden terminar en la pérdida del cargo para el candidato electo.

La transparencia no es un favor que nos hacen los políticos, es un derecho que nosotros custodiamos. Si ve algo, no se calle; su silencio es el oxígeno de la corrupción.