Presidente De la Espriella declara emergencia económica en Colombia tras terremoto: en qué consiste y cómo funciona

El presidente Abelardo De la Espriella anunció el miércoles 13 de agosto de 2026, la declaratoria de emergencia económica en Colombia como mecanismo para enfrentar la crisis generada por el terremoto del 10 de agosto.

La medida, explicó el mandatario desde el Palacio de San Carlos, busca agilizar la reconstrucción de las zonas afectadas y canalizar recursos nacionales e internacionales hacia la atención de las víctimas.

"Le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde", afirmó De la Espriella, acompañado de su esposa, la primera dama Ana Lucía Pineda.

El Fondo Milagro y la reconstrucción

La emergencia económica dará paso a la creación del Fondo Milagro, una nueva entidad encargada de canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos dañados por el sismo.

El mandatario precisó que también se contemplarán "medidas de reactivación económica que estimulen la inversión, reduzcan los obstáculos para el desarrollo de proyectos y generen más empleos en las zonas afectadas".

La decisión se adopta en un momento de extrema complejidad fiscal para el país. De la Espriella calificó la situación como "la más compleja de toda la historia republicana", evidenciada por "el más alto nivel de endeudamiento, una estrechez total de recursos en tesorería y un presupuesto público absolutamente desfinanciado".

Alivios para las familias damnificadas

Junto a su equipo económico, el presidente estructura una serie de medidas transitorias orientadas a mitigar el impacto del siniestro en la población.

Entre ellas figuran el pago de servicios públicos para las familias afectadas, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, alivios tributarios y financieros, apoyos económicos para las familias más vulnerables, y mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios golpeados por el terremoto.

"Con la declaratoria de emergencia, el Gobierno Nacional envía un claro mensaje de compromiso con la atención prioritaria y eficaz de las necesidades de las víctimas y la reconstrucción de los territorios golpeados por el siniestro que hoy enluta a la Patria", expresó el mandatario, que agradeció además a los héroes de la Patria, policías, soldados, miembros de la Defensa Civil, bomberos, voluntarios y Cruz Roja, por su labor en medio de la tragedia.

¿Qué es la emergencia económica y qué permite?

La emergencia económica se sustenta en el artículo 215 de la Constitución Política y faculta al presidente para expedir normas con fuerza de ley de manera transitoria, sin necesidad de pasar por el Congreso; sin embargo, no se trata de un cheque en blanco: el Gobierno solo puede legislar sobre asuntos que guarden relación directa y específica con la calamidad que origina la medida.

En ese contexto, el Ejecutivo puede reorientar partidas presupuestarias, crear fondos, autorizar contratación directa, modificar calendarios tributarios y, eventualmente, fijar impuestos temporales que dejarían de regir al terminar la vigencia fiscal siguiente, salvo que el Congreso decida volverlos permanentes.

Duración y controles institucionales

La Constitución impone condiciones estrictas a la declaratoria. El decreto debe llevar la firma del presidente y de todos sus ministros, explicar sus motivos, delimitar el territorio de aplicación y fijar su plazo. Cada declaratoria puede durar un máximo de 30 días calendario, y el uso acumulado de esta figura no puede superar 90 días en un año.

Ese límite temporal ya tiene un antecedente reciente: en febrero de 2026, el Decreto 150 aplicó la misma figura durante 30 días en ocho departamentos por la emergencia causada por fuertes lluvias. Esto reduce el tiempo disponible para la crisis del terremoto a 60 días dentro del mismo año.

Además, existen prohibiciones expresas: el Gobierno no puede desmejorar los derechos sociales de los trabajadores, suspender derechos fundamentales ni interrumpir el funcionamiento de las demás ramas del poder. Cada decreto pasa a revisión automática de la Corte Constitucional, y el Congreso conserva la potestad de modificarlo o derogarlo posteriormente.

Cifras de la reconstrucción y alivios tributarios

Las primeras medidas económicas ya tienen montos definidos. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció un crédito de hasta USD 450 millones con el Banco Mundial, la disposición total del presupuesto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la reasignación de partidas de 2026.

La Ungrd reportó cerca de $35.000 millones en la línea de atención inmediata, cifra que puede ampliarse con traslados presupuestales.

El Gobierno descartó alzas de impuestos y confirmó que los recursos saldrán de crédito y de la priorización del gasto; asimismo, se aprobó el aplazamiento de un mes en la presentación de la declaración de renta, retenciones y autorretenciones para contribuyentes con domicilio fiscal en Cali, Pereira, Manizales, Armenia, Popayán, Tuluá, Palmira, Buenaventura y Quibdó.

Esta medida representa un impacto temporal de $624.000 millones para la caja de la Nación, de los cuales $213.000 millones corresponden a personas naturales y $411.000 millones a retención en la fuente.

El alcance final de la emergencia quedará definido cuando el Gobierno publique el articulado del decreto, que precisará la duración, los municipios incluidos y las medidas autorizadas. De esa definición dependerá la velocidad con que los alivios pasen del anuncio a la ejecución.